DE LA NULIDAD PROCESAL A LA ANULACIÓN DEL DERECHO PROCESAL

Jueces legisladores y corrupción de legalidad


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S/. 116.00

Autor: YÁÑEZ, Ricardo
Año: 2019
Ciudad: Madrid
Editorial: Reus
Serie(s): Derecho Procesal
Nro. de páginas: 266
Tapa: Rústica
ISBN/ISSN: 9788429021868
Peso: 0.4 kg.


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Los casos judiciales mediáticos son fáciles de identificar con la Política y la corrupción del poder, lo que en buena medida radica en la perenne crítica a la elección de los miembros de tribunales superiores, y también del Tribunal Constitucional, eventual interviniente ulterior. Pero la inmensa mayoría de juicios, cotidiana y habitual, se lleva a cabo en órganos judiciales ajenos a ese interés partidista tan publicitado, de mano de un personal jurisdiccional que, a pesar de la creciente llamada al respeto del Estado de Derecho que desde la representación del colectivo judicial viene reiterándose en los últimos años, es a no dudarlo el protagonista último y principal del incumplimiento sistemático y generalizado del orden procesal establecido por el legislador ordinario. Muy lamentablemente, la explicación de tan paradójica y vergonzante situación se asienta, por lo general, en dos grupos de causas, la ignorancia del siempre se ha hecho así y la mera comodidad.
A fin de sostener estas afirmaciones se han repasado diversas instituciones jurídicas manipuladas en el día a día judicial por marginar las normas en vigor y el recto entendimiento de principios jurídicos y valores constitucionales, tomando como eje de estudio la nulidad procesal enlazada con derechos y garantías del justiciable tan representativos como la prueba y la defensa, singularmente el peritaje en el proceso penal, el ofrecimiento de acciones penales y civiles a las presuntas víctimas y ofendidos, el juicio en ausencia del acusado y la expulsión de personas de nacionalidad extranjera antes o durante su enjuiciamiento criminal, añadiendo a lo anterior ejemplos específicos de una técnica de evitación procesal que agrupa cuestiones vinculadas con la nulidad y el derecho de defensa y la relación conflictiva entre jueces de instrucción y jueces de lo penal: la necesidad de conocimiento por parte del inculpado de los hechos criminosos que durante la instrucción de la causa se imputan, primero, y se acusan, después.

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